viernes, 4 de marzo de 2016

Genocidio impune en Sudán

La Guerra civil más larga y mortífera de África terminó tras la firma, en 2005, del “Acuerdo General de Paz”. Dio paso al fin de la violencia y a la redacción de una nueva constitución. Empezó el tiempo de la República Federal Democrática de Sudán, o por lo menos esa era la teoría. Se otorgó más autonomía a las regiones del sur que acabaron, en 2011, por independizarse tras un referéndum de autodeterminación y muchísima sangre derramada. 


Si analizamos solo la situación en Darfur, veremos que los datos son escandalosamente inhumanos. La Organización Mundial de la Salud estima que solo en los primeros dieciocho meses de conflicto, entre 2003 y 2005, murieron más de 120.000 personas. Un informe del Subsecretario General de las Naciones Unidas, Jan Egeland, cuantificaba en 10.000, las muertes por mes, en la zona de Darfur a finales de ese mismo año. Unos 2 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares para malvivir en campos de refugiados de Chad, y hay muchas organizaciones que consideran que el número de víctimas es mucho mayor. Grupos rebeldes de las diferentes etnias de raza negra, como el “el Movimiento de Justicia e Igualdad” o el “Movimiento de liberación de Sudán” denunciaron reiteradamente, a partir de entonces, que los “Yanyauid” estaban cometiendo auténticas matanzas de población. Contaban como las milicias árabes degollaban civiles, violaban a las mujeres, y obligaban a los hombres a quemar sus hogares, sus animales y sus cultivos como mero acto de guerra.


En 2006 la ONU envió una unidad con más de 17.000 soldados con la misión de pacificar la zona pero no sirvió de nada. Los acuerdos de paz que se intentaron firmar ese mismo año fueron rechazados por los dos principales partidos rebeldes. En 2007 se enviaron a más de 26.000 militares en lo que fue considerado, por altos cargos de Naciones Unidas, como una decisión histórica. Se encontraron muchas fosas comunes con miles de cadáveres y se recogió el testimonio de algunos supervivientes de la masacre. 


La situación actual de Darfur 

Ha quedado sobradamente demostrado que durante la presidencia de Omar al Bashir, ha habido múltiples revueltas entre la milicia “Yanyauid” y los diferentes grupos rebeldes, en forma de guerra de guerrillas, en toda la región de Darfur.

A día de hoy, la situación no ha mejorado como debería haberlo hecho. Bashir continúa perpetuando la violencia contra su propio pueblo. La mayoría de comunidades de raza negra están sufriendo ataques continuos por parte de las milicias presidenciales. La hambruna y la escasez de alimentos están a la orden del día. Las enfermedades también, y los campos de refugiados. La población sigue condenada a sufrir los abusos de un presidente genocida anclado en el sillón del poder, atrincherado en Jartum, sin que la comunidad internacional haga nada al respecto. Sigue maltratándolos a diario. Las manifestaciones son reprimidas con munición real y la represión o la crueldad del presidente parecen no tener fin. Las regiones con más víctimas y asesinatos son las de Darfur, Kondofan y Nilo Azul. 

Sudán es un país con grandes reservas de petróleo, oro, tungsteno, cinc y gas, con licencias de extracción concedidas, en su gran mayoría, a empresas extranjeras. Es uno de los países que más rápido ha incrementado su economía según el New York Times y tiene grandes inversores chinos e indios. Eso está ayudando al régimen de Bashir a perpetuarse en el poder permitiendo el expolio continuado de su país por parte de grandes multinacionales. Eso le da inmunidad e impunidad. Es lo que siempre ocurre en África.

Un país muy rico en recursos naturales es brutalmente expoliado, por una oligarquía autoritaria que domina y somete a la mayoría de sus habitantes a la pobreza extrema. Con el 80% de la población trabajando en el sector agrícola y con uno de los índices de desarrollo humano más bajos de todo el continente, con unos altos niveles de inflación y amenazado por el Fondo Monetario Internacional por no poder hacer frente a su gran deuda externa, Sudán está en una situación preocupante, la guerra aún persiste, y el final se antoja oscuro y lejano. Ya son muchas las generaciones que han visto su vida truncada por la guerra. Una crisis humanitaria gigantesca y un presidente, presunto criminal de guerra, huido de la justicia, lo más palpable a simple vista.

El 4 de marzo de 2009, la Corte Penal Internacional aceptó emitir una orden de arresto en contra del Presidente sudanés Omar Hassan Ahmad Al-Bashir respecto a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra presuntamente cometidos en Darfur, haciendo lugar al pedido del fiscal argentino Luis Moreno Ocampo. En represalia, ordenó expulsar del país, al menos, a 13 ONG, lo que deja sin ayuda humanitaria a más de un millón de refugiados.

Distintas ONG le acusan de practicar el genocidio, de desplazar masivamente a grupos humanos, condenándolos al hambre por falta de recursos, y de capturar niños para adoctrinarlos religiosa y militarmente. Según algunas estimaciones, alrededor del 85% de la población del sur de Sudán ha sido desplazada.



Omar Hassan Ahmad Al-Bashir

Ingresó en el ejército muy joven y estudió en la academia militar de El Cairo. Formado como paracaidista, participó junto al ejército egipcio en la guerra del Yom Kippur. A su regreso a Sudán, combatió en el ejército contra los rebeldes del sur. Ascendido a general, encabezó un golpe de Estado que derrocó al gobierno legítimo y democrático en 1989.16 Disolvió el Parlamento, prohibió los partidos políticos y estableció una férrea censura de prensa, asumiendo los poderes ejecutivo, legislativo y el alto mando de las Fuerzas Armadas.

Omar Hassan Ahmad Al-Bashir
Aliado con el Frente Islámico Nacional de Sudán, inició un proceso de islamización del país, sobre todo en la parte norte plenamente controlada por su ejército. El 16 de octubre de 1991 fue disuelto el Consejo Revolucionario que había provocado el golpe de estado de 1989 y fue nombrado Presidente de la República. En 1996, para legitimar su poder, celebró un plebiscito que le eligió como Jefe de Estado con todos los poderes de que gozaba hasta ese momento. En 1998 se aprobó una nueva constitución que permitía determinadas asociaciones políticas muy limitadas y creó la Asamblea Nacional, pero en diciembre de 1999, ante el peligro de perder el poder a manos del Frente Islámico, declaro el estado de emergencia, disolvió el gobierno y se deshizo de los elementos del mencionado Frente. Mantiene el conflicto con el sur, aunque mitigado por un alto el fuego, y en la zona occidental de Darfur, donde no se le reconoce como Presidente.

Acusado de ayudar a grupos terroristas islámicos y haber dado cobijo a Osama bin Laden, se le considera por Estados Unidos desde 1997 una "amenaza internacional" y está incluido desde 2001 en la lista de los siete países del mundo que albergan y patrocinan el terrorismo internacional, habiendo sido bombardeada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 1998 una fábrica bajo la alegación de que producía material susceptible de ser usado como armas químicas, aunque luego resultó ser falso.

Desde los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, Ahmad al-Bashir ha realizado un aparente giro, condenando todos los atentados habidos y manifestando su intención de cooperar con las Naciones Unidas. En la actualidad, la situación de permanente guerra civil que padece Sudán parece haber entrado en una dinámica de lenta resolución a través de la ONU, y bajo la presión de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Egipto. Bashir está acusado de orquestar el genocidio en Darfur, que se inició en 2003. La orden de arresto de Al-Bashir es la primera que la CPI ha emitido a nombre de un Jefe de Estado en actividad. El 3 de febrero de 2010, la Cámara de Apelaciones de la CPI revocó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I de no incluir el crimen por genocidio en la orden de arresto contra el Presidente Bashir de Sudán. Se le indicó a la Sala de Cuestiones Preliminares decidir nuevamente si la orden de arresto debía ser extendida para cubrir el crimen por genocidio basándose en los estándares de prueba correctos. El 12 de julio de 2010, la Sala de Cuestiones Preliminares I emitió una segunda orden de arresto contra el Presidente sudanés Omar Hassan Ahmad Al Bashir por tres cargos por genocidio cometidos contra los grupos étnicos Fur, Masalit y Zaghawa. Al-Bashir no ha sido todavía arrestado.

Al carecer de policía, la CPI depende de la buena disposición de sus miembros para detenerle, y así se lo ha pedido a las autoridades de Pretoria. Al ver que asistía en Johanesburgo a la cumbre de la Unión Africana (UA), los fiscales recordaron al Gobierno de Jacob Zuma que Sudáfrica es miembro de la CPI. Está, por tanto, obligada a detener a Al Bashir y entregarlo a La Haya, su sede. Organizaciones como “Human Rights Watch” pidieron también al gobierno sudafricano que hiciera lo posible por arrestar al presidente sudanés. El tribunal Superior de Pretoria dictaminó que Omar al Bashir no podía abandonar el país pero este no tardó en desobedecer la orden del juez y se fue con su avión hasta Jartum.

No es la primera vez que el líder sudanés viaja desde que fuera señalado por la justicia internacional. En 2013 visitó nueve países sin ser arrestado. Esto no debería ocurrir. Los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen la obligación legal de arrestar a Bashir si cruza sus fronteras.

De haber sido trasladado a la CPI, Al Bashir hubiera sido el primer jefe de Estado en ejercicio procesado por el delito más difícil de demostrar, el genocidio. El problema es que tanto la UA como el presidente sudafricano, Jacob Zuma, critican “el entrometimiento de la Corte Penal en sus países”. Consideran que solo se preocupa de perseguir presuntos criminales negros en el continente africano. Al quedarse de nuevo con las manos vacías, la CPI ve dañada su credibilidad como la única instancia dedicada a perseguir de forma permanente los peores crímenes. Sobre todo desde que la fiscal jefe, Fatou Bensouda, decidiera suspender en 2014 sus investigaciones en Darfur “por falta de apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Corte Penal Internacional. Recuadro: fiscal argentino Luis Moreno Ocampo
la suspensión de la causa del genocidio de Darfur, supone un fuerte revés para la Corte Penal Internacional y pone en tela de juicio su credibilidad. Al mismo tiempo, pone de manifiesto, una vez más, la falta de voluntad política y la hipocresía de la comunidad internacional para poner fin a los abusos de derechos humanos en el mundo y reparar el daño sufrido por las víctimas. Puede que los líderes mundiales y las organizaciones internacionales se llenen la boca de grandes discursos pero nunca pasan de ellos, nunca toman las acciones necesarias para acabar con la impunidad ni dotan de medios suficientes a las instituciones que luchan contra ella.

Esta decisión no supone ni archivo ni el sobreseimiento de la causa contra al-Bashir y el resto de los imputados. Si un día el presidente de Sudán, o alguno de los otros imputados fuera detenido, la causa se reabriría.

Human Rights Watch, denunció en su informe sobre los derechos humanos en 2007 que el Gobierno sudanés “tuvo un papel central en el fomento del caos, tanto por continuar con los ataques directos a civiles como por no sujetar las riendas o detener a individuos responsables de abusos”. Allí se dice que en julio de 2007 el gobierno finalmente consintió el despliegue de los observadores y fuerzas de paz UNAMID (enlace a ancla UNAMID en ONU), pero el resto del año “los progresos para el despliegue sufrieron la obstrucción del gobierno sudanés, demoras burocráticas y el paso lento de las contribuciones militares a la fuerza”. Por su parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, en su reporte de junio de 2008 sobre el caso abierto por resolución de la ONU, denuncia que 
“en diciembre, el pueblo de Darfur estaba siendo atacado en sus casas y campos. Fueron atacados en el pasado y están siendo atacados ahora. Personas civiles, en particular los fur, massalit y zaghawa, son el objetivo. Más de 2.5 millones de personas están desplazadas. La destrucción de los medios de vida y la presencia en la vecindad de las villas de las fuerzas del Gobierno sudanés y la milicia janjaweed crean un ambiente hostil dirigido a desalentar los retornos. Los civiles son asesinados, las casas son quemadas o saqueadas, los mercados y escuelas son bombardeados, las mezquitas son destruidas. La tierra, el fundamento de la sociedad, está siendo efectivamente usurpada. Nuevos ocupantes alteran el equilibrio demográfico”.
Hoy la situación no es mucho mejor. Muchas comunidades están bajo ataque continuo, desplazamientos forzados, escasez de alimentos y enfermedades. Bashir y sus cómplices siguen libres a pesar de las órdenes de detención internacionales, y continúan con su campaña de violencia en las regiones del sur de Sudán, incluyendo el sur de Kordofan y el Nilo Azul.

Desde el comienzo del genocidio en Darfur, las cifras son alarmantes: millones de desplazados y cientos de miles de muertos entre sus consecuencias. La Comunidad Internacional no ha logrado cumplir la promesa hecha tras el Holocausto —“nunca más”—, y el resultado es que en Sudán, Bashir continúa perpetuando la violencia contra su propio pueblo.

El conflicto de Darfur

El colapso de la economía del norte por la sistemática explotación del suelo ha obligado a las élites mercantiles norteñas a expandir sus actividades económicas hacia el sur. Es allí donde se encuentran las fértiles tierras de Renk, la zona petrolífera de Bentiu y los yacimientos de níquel y uranio. Sólo el 5% del suelo sudanés es cultivable, lo que agudiza la lucha por el territorio útil. Además, un 95% de los bosques del este de Sudán ha desaparecido para dejar espacio a los cultivos masivos y, al ritmo actual de la erosión, todos los bosques de la zona nororiental del país se habrán esfumado al finalizar el siglo. Por el contrario, las extensas sabanas y los bosques meridionales se han mantenido más o menos intactos por el aislamiento histórico de la zona y su pobre infraestructura vial.


Y estas son las riquezas que ahora interesan al Gobierno sudanés. De ahí que su estrategia se haya centrado en practicar deportaciones masivas de poblaciones negras hacia zonas inhóspitas y recolonizar los territorios fértiles recién despoblados con grupos de origen árabe. 

Establecer las causas del conflicto de Darfur requiere la observación de muchos factores que se han ido encadenando hasta decantar en los enfrentamientos armados que se despertaron en febrero de 2003. Existen muchas opiniones acerca de cuáles podrían ser estos factores. Entre ellas, las más difundidas son:
  • La desertificación de Darfur que avanza desde el norte hacia el sur obligando a las tribus nómades a desplazarse en busca de tierras fértiles para que paste su ganado.
  • El abandono y la falta de previsión del Gobierno sudanés en todas las regiones periféricas al sur, oeste y centro del país, que a diferencia de Jartum y el valle del Nilo, no participan en el reparto de poder, recursos y ganancias.
  • La imposición de la Sharia como ley en el país, un elemento clave para la marginación y la discriminación de las mujeres, además de otros colectivos.
  • La intención de “limpieza étnica” por parte del Gobierno central contra las poblaciones no musulmanas del país.
  • El histórico desinterés por la región por parte de las ex fuerzas colonizadoras (Gran Bretaña y Egipto).
  • El avance de las tribus árabes armadas y apoyadas por el Gobierno sudanés para atacar y ganar territorio sobre las tribus tradicionales no-árabes de Darfur.
  • El ingreso de personas refugiadas de Chad que huyeron a Darfur y se organizaron en grupos armados con el objetivo de ocupar territorio en la zona.
  • Intereses políticos de grupos opositores o escindidos de la Hermandad musulmana, como el partido Popular Patriótico del Congreso (PPC) creado por Hassan al-Turabi.
  • El interés que demostró en su momento el líder libio Gaddafi por extender el dominio del mundo musulmán arabizando África y que devino en el apoyo a determinados grupos armados.
  • Enfrentamientos entre grupos étnicos por la tenencia de tierras.
  • La pasividad o actuación interesada de la comunidad internacional que permitió que el conflicto continuara y se intensificara aún más con el paso del tiempo.
  • Los intentos de negociación que fracasaron por la falta de espacio disponible para la participación real en el proceso de grupos más allá de las partes enfrentadas: como las personas desplazadas internas (IDP) o las mujeres darfuríes. Las mesas de negociaciones estaban compuestas por hombres en su totalidad.
Debido a la cantidad de factores locales, estatales, regionales y mundiales que influyen e influyeron en el pasado, la profundización en las causas del conflicto es imprescindible para que la búsqueda de una solución que sea duradera y efectiva.

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