domingo, 18 de enero de 2015

La corona de Portugal decreta la expulsión de los jesuitas de todas sus colonias

En Portugal se desencadenó una lucha ideológica y publicitaria contra los jesuitas. Al hablar de este país, no se puede dejar de tratar la figura de Sebastián José de Carvalho e Mello, marqués de Pombal, que ejerció un poder absoluto hasta la muerte de José I en 1777.

Marqués de Pombal (1699-1782)
Los jesuitas portugueses (sobre todo el P. Malagrida) hicieron creer al pueblo que los terremotos y las desgracias que habían asolado el país eran un castigo divino por el mal gobierno. El gobierno de José I se encargó de propagar ante el pueblo la resistencia de los jesuitas a dos monarcas europeos (Carlos III y José I). En este contexto agitado se nombró primer ministro al Marqués de Pombal, partidario de una reforma radical y de espíritu ilustrado, que fomentó la economía y que asimismo consiguió la abolición de la esclavitud y la reconstrucción y modernización de Lisboa. Pombal, al ascender al poder en 1750, quiso acabar con los jesuitas. En 1754 y 1755 éstos habían ofrecido resistencia armada a la decisión de España de ceder siete de sus misiones a cambio de la colonia de Sacramento. Habían mostrado su hostilidad a la Compañía comercial creada por Pombal para Maranhão y Pará. La primera advertencia fue la destitución del confesor real, cargo que, como en otras cortes europeas, ocupaba un jesuita.

Benedicto XIV (1740-1758)
Pombal se apoyó en un consejero, el P. Pereira de Figuereidoa. En 1758 y tras muchas quejas a Benedicto XIV, consiguió un Breve para que el cardenal Saldanha visitase y reformase la Compañía en los dominios portugueses. Saldanha lamentaba que los jesuitas tuviesen independencia respecto al clero secular porque deseaba que los indios fueran catequizados por clérigos seculares y no regulares. Se consiguieron paralizar las actividades económicas de los jesuitas y se les prohibió predicar y confesar. Entonces, un hecho casual puso en manos de Pombal el pretexto para eliminar a la Compañía: un atentado que sufrió el monarca la noche del 3 de septiembre de 1758. El Rey volvía de ver a su amante y tres hombres a caballo le dispararon, hiriéndole en un brazo. Existen otras versiones del atentado, lo que demostraría la existencia de ciertas manipulaciones. El incidente se silenció y se investigó. El 13 de diciembre de 1758 se apresó a los causantes del atentado. El Duque de Aveiro fue apresado como autor material del atentado. En los días siguientes fueron encarcelados miembros de la nobleza, implicados en el asunto, incluso la Condesa de Tavora, amante del rey. Incluso el P. Malagrida fue encarcelado. Esa noche, las casas y colegios de jesuitas fueron cercados por el ejército, se recogieron los archivos de estas casas y se confinó a los religiosos en los recintos. Se explicó al pueblo la existencia de un complot por una parte de la nobleza, en connivencia con los jesuitas, para dar un golpe de Estado asesinando al Rey. Se decía que la Marquesa de Tavora se hallaba bajo la instigación de su padre espiritual, el jesuita Malagrida. Y detrás de todo se hallaba la Compañía, por ser defensora del tiranicidio.

El 12 de enero de 1759 ya se había dictado sentencia. El Duque de Aveiro y sus hijos fueron condenados a ser descuartizados y quemados, siendo sus bienes requisados y sus títulos borrados de la heráldica. Igual suerte corrió el Marqués de Tavora. Pombal encontró así la excusa para actuar sobre los jesuitas. El 19 de enero se expidió un real decreto confiscando todos los bienes de la Compañía de los dominios portugueses de Portugal, Asia y América, y se encarceló a los jesuitas. El 20 de abril gestionó con Clemente XIII la obtención de un breve para proceder contra los jesuitas, acusados de lesa majestad. El Papa (inclinado hacia los jesuitas) no accedió, porque Pombal quería extenderlo a toda la Compañía en Portugal, y no sólo para los jesuitas involucrados. Pombal llenó el país de propaganda antijesuítica. Un año justo después del atentado (1759) se decretaba la expulsión de los jesuitas de Portugal. Salían en embarcaciones con rumbo a los Estados Pontificios. Desembarcaban en Civitavecchia, donde debían procurarse un sustento, pues Pombal no les dio ninguna pensión. El Papa se vio obligado a aceptarlos, sentando un precedente que Carlos III no olvidaría.